El campo de fútbol enmudece tras el pitido final. Los jugadores se estrechan la mano, los espectadores pliegan sus sillas de jardín y las familias se dirigen hacia los estacionamientos, hablando español e inglés en grupos separados. La competición de la tarde del domingo llega a su fin; sin embargo, las relaciones forjadas a través del juego compartido perduran —o no— hasta la mañana del lunes, manifestándose en la participación cívica.

¿Qué determina qué comunidades logran navegar con éxito el cambio demográfico, mientras que otras se fracturan bajo presiones federales similares? Seis meses de reportajes en Jackson, Worthington y St. James revelan patrones que distinguen la integración proactiva de la acomodación reactiva.
Los reportajes sugieren que la infraestructura importa más que la ideología.

“La opinión predominante en St. James es mucho más positiva hacia las personas hispanas, hacia la diversidad que conlleva estar juntos,” afirmó Carissa Lick, directora ejecutiva de Uniting Cultures. Ella reconoce que esta evaluación surge de las experiencias de los miembros de la comunidad, más que de datos de encuestas; se trata de un cambio de percepción, más que de un resultado medible. No obstante, las cifras de participación sugieren un compromiso genuino: menos de 20 personas planifican los programas de Uniting Cultures durante todo el año; sin embargo, la Fiesta Multicultural anual atrae a más de 2.000 asistentes en un pueblo de 4.600 residentes, lo que representa casi la mitad de la población.

Este cambio no ocurrió por casualidad. St. James se posicionó explícitamente como una comunidad acogedora, uniéndose a Welcoming America en 2024. Esta red nacional —que conecta a más de 2 millones de estadounidenses en 12.000 códigos postales— proporciona guías y marcos de trabajo para aquellas comunidades que eligen vivir los valores de servicio y oportunidad, a través de la integración de los inmigrantes. St. James se sumó así a pueblos pequeños, suburbios y ciudades de todos los estados que están implementando una acogida sistemática, en lugar de una acomodación reactiva, ante el cambio demográfico.

Uniting Cultures, fundada en 2017, encabeza Watonwan County Cares, una red de defensa de los inmigrantes que coordina medidas de protección en todo el condado. Más allá de la fiesta anual —la cual consume la mayor parte del tiempo y esfuerzo de la organización—, UC ha organizado proyectos de recopilación de historias para documentar las experiencias de los inmigrantes; ha colaborado con la Región 9 del suroeste de Minnesota en capacitaciones sobre equidad rural; y ha presentado Teatro del Pueblo, una obra teatral sobre la inmigración representada en 2018. La alianza con Convivencia Hispana —establecida también en 2017— ofrece becas y apoyo a las personas mayores mediante la organización comunitaria liderada por latinos. «Sentimos que, al ser la cara pública, podíamos ayudar a las personas que tienen diferentes estatus migratorios», explicó Lick. Esa elección deliberada —convertirse en la cara pública para que los miembros más vulnerables de la comunidad no tengan que hacerlo— representa una adaptación estratégica al clima de aplicación de la ley federal.
Compárese esto con el enfoque de Jackson. El Centro de las Artes organiza la “Heritage Fiesta,” clases de inglés como segundo idioma (ESL) y conversaciones comunitarias en torno a la pregunta: “¿Quién es tu vecino?.” Sin embargo, estos siguen siendo programas independientes, carentes de un tejido conectivo. El evento de integración celebrado en el sótano de la iglesia reprodujo la segregación. La “Heritage Fiesta,” en cambio, resultó un éxito. Ambos eventos tuvieron lugar en el mismo edificio, fueron organizados por un liderazgo parcialmente coincidente y atrajeron a comunidades similares.

La diferencia no radicó en la disposición de los participantes, sino en el diseño institucional. La iglesia de St. James construyó una infraestructura de protección —observadores constitucionales capacitados a través de COPAL, participación en una red nacional de acogida y coordinación con un sistema de defensa de inmigrantes a nivel de condado— antes de organizar eventos de integración. Jackson, por su parte, responde a las oportunidades a medida que estas surgen, sin adoptar un enfoque sistemático para la construcción de relaciones ni para el establecimiento de mecanismos de protección que trasciendan las barreras culturales.
Ambas estrategias representan enfoques distintos ante los desafíos de la integración.

El Minnesota rural no puede permitirse el lujo de la pureza ideológica en materia de inmigración. Las carreteras necesitan ser despejadas de nieve, independientemente del estatus migratorio del conductor. Las escuelas necesitan la financiación que aportan las poblaciones más numerosas. Los departamentos de bomberos necesitan voluntarios, sin importar su país de origen. Las plantas procesadoras de carne necesitan trabajadores dispuestos a aceptar empleos físicamente exigentes que muchos habitantes nativos de Minnesota no están dispuestos a realizar.
El trabajador con formación universitaria que procesa carne de cerdo podría estar cubriendo las vacantes de personal en el hospital rural, que sufre de escasez de personal. El cónyuge con visa H-4 que cocina tamales para recaudar donativos podría estar enseñando en la escuela que enfrenta una falta de maestros. El intérprete cualificado que se ofrece como voluntario en las clases de inglés como segundo idioma (ESL) podría estar trabajando en la clínica donde las barreras lingüísticas impiden el acceso a la atención médica.

La política federal impide el reconocimiento de credenciales profesionales, mientras que las comunidades rurales enfrentan una escasez documentada de profesionales cualificados: una brecha entre la aplicación de las leyes de control migratorio y las necesidades económicas de la comunidad.

Seis meses de reportajes revelan que la integración tiene éxito allí donde confluyen tres elementos:

Interdependencia económica: Empleadores como New Fashion Pork invierten porque la estabilidad de la fuerza laboral así lo exige. No se trata de caridad, sino de un interés empresarial calculado que genera una financiación sostenible.

Infraestructura institucional: Organizaciones como Uniting Cultures construyen mecanismos sistemáticos para tender puentes, en lugar de limitarse a esperar que la simple proximidad genere conexión. Esto incluye la presencia de observadores constitucionales, alianzas de protección y un posicionamiento deliberado como “comunidad acogedora.”

Soluciones creativas: Maestros como Gjertson y Becerra sortean las restricciones federales mediante acuerdos de voluntariado. Las comunidades desarrollan economías informales allí donde el empleo legal está prohibido. Las familias crean una «familia de amigos» cuando la distancia geográfica las separa de sus parientes consanguíneos.
Sin embargo, la integración exitosa sigue siendo frágil. Los acuerdos de voluntariado se desmoronan cuando los maestros tienen obligaciones prioritarias que atender. Las economías informales operan en zonas grises legales, lo que genera vulnerabilidad. Las comunidades desarrollan infraestructuras de protección durante las celebraciones culturales como respuesta a la inquietud que generan las medidas de control migratorio.
Las comunidades que logran gestionar con éxito el cambio demográfico lo hacen adaptándose a las limitaciones impuestas por las políticas federales.

Los lunes por la mañana, los niños llegan a las escuelas de Jackson con sus pasaportes en las mochilas, temerosos de ser separados de sus padres. Los domingos por la tarde, juegan juntos al fútbol, ​​formando equipos basados ​​en la destreza deportiva y no en el estatus migratorio.

Están creciendo en comunidades que les enseñan que la participación democrática es viable más allá de las diferencias culturales; que el trabajo en equipo importa más que los orígenes de cada uno; que la comunicación hace posible la cooperación; y que los vecinos se convierten en familia a través de la acción compartida, y no mediante una ideología compartida.

Pero también están aprendiendo que la aplicación de las leyes federales podría fracturar esos lazos en cualquier momento. Que a los maestros cualificados no se les puede pagar por enseñar. Que los observadores constitucionales deben apostarse en los lugares donde se celebran festividades comunitarias. Que los padres los observen jugar desde lados opuestos del campo.

La parábola del Buen Samaritano no pregunta: “¿Quién merece mi ayuda?” sino: “¿Con quién estoy dispuesto a ser un prójimo?”

En los sótanos de las iglesias, en los campos de fútbol y en las aulas de inglés como segundo idioma (ESL) de la zona rural de Minnesota, las comunidades responden mediante la práctica diaria: con cualquiera que esté dispuesto a participar en la ardua labor de la democracia.

La política federal de inmigración se enfrenta a una interrogante similar: si apoyar la cooperación local que exige la realidad económica, o seguir generando presiones que complican los esfuerzos de integración que sirven a múltiples intereses.
La zona rural de Minnesota revela tanto el potencial de la democracia como su fragilidad. Las comunidades pueden gestionar el cambio demográfico, la transición económica y las diferencias culturales. El éxito depende de si las instituciones —tanto locales como federales— diseñan sistemas que apoyen, en lugar de obstaculizar, las relaciones que posibilitan la participación democrática.

El sótano de la iglesia permaneció dividido, mientras que la “Fiesta del Patrimonio” unió a las personas. Los observadores constitucionales protegen las fiestas, mientras que maestros cualificados ofrecen su voluntariado sin remuneración. Los niños forman equipos de fútbol juntos, mientras sus padres los observan desde lados separados. Los empleadores invierten en la integración, mientras la política federal crea barreras.
Estas contradicciones persisten a pesar de la buena voluntad individual y del esfuerzo comunitario. Las comunidades de la zona rural de Minnesota demuestran que la realidad económica genera interdependencia, y que la participación democrática funciona cuando las instituciones respaldan las relaciones que trascienden las barreras culturales.

El campo de fútbol queda en silencio. Los jugadores se estrechan la mano. Las familias se dirigen hacia los estacionamientos. Llega el lunes por la mañana.
Los reportajes muestran a comunidades que intentan ser buenos vecinos: a través de clases de inglés, celebraciones culturales y partidos de fútbol los domingos por la tarde. La pregunta es si la política federal se adaptará para apoyar —en lugar de complicar— esa elección.

En los pequeños pueblos del suroeste de Minnesota, los niños que llevan pasaporte a la escuela juegan juntos al fútbol los fines de semana. Representan a comunidades que están construyendo una infraestructura que permite a las personas ser buenos vecinos, más allá de las diferencias culturales, incluso cuando las políticas generan presiones que actúan en su contra.

PART 3: Democracy’s Practical Laboratory

By Amy H Peterson

The soccer field goes quiet after the final whistle. Players shake hands, spectators fold lawn chairs, families drift toward parking lots speaking Spanish and English in separate clusters. Sunday afternoon competition ends, but the relationships formed through shared play either persist into Monday morning civic engagement — or they don’t.

What determines which communities successfully navigate demographic change while others fracture under similar federal pressures? Six months of reporting across Jackson, Worthington, and St. James reveals patterns distinguishing proactive integration from reactive accommodation.

The reporting suggests infrastructure matters more than ideology.

The St. James difference

“The default opinion in St. James is much more positive toward Hispanic people, toward the diversity of being together,” said Carissa Lick, executive director of Uniting Cultures. She acknowledges this assessment comes from community members’ experiences rather than survey data — a perception shift rather than measured outcome. But participation numbers suggest genuine engagement: Fewer than 20 people plan Uniting Cultures programs year-round, yet the annual Multicultural Fiesta draws more than 2,000 attendees in a town of 4,600 residents — nearly half the population.

This shift didn’t happen accidentally. St. James explicitly positioned itself as a “welcoming community,” joining Welcoming America in 2024. The national network, which connects more than 2 million Americans across 12,000 Zip codes, provides toolkits and frameworks for communities choosing to “live out values of service and opportunity” through immigrant integration. St. James joined small towns, suburbs, and cities across every state implementing systematic welcome rather than reactive accommodation to demographic change.

Uniting Cultures, founded in 2017, leads Watonwan County Cares, an immigrant defense network coordinating protective measures across the county. Beyond the annual fiesta, which requires most of the organization’s time and effort, UC has organized story-collecting projects documenting immigrant experiences, partnered with southwest Minnesota’s Region 9 on rural equity training, and presented Teatro del Pueblo, an immigration play performed in 2018. The partnership with Convivencia Hispana, also established in 2017, provides scholarships and elderly support through Latino-led community organizing.

“We felt like as the public face, we could help people who have different immigration statuses,” Lick explained. That deliberate choice — becoming the public face so vulnerable community members don’t have to — represents strategic adaptation to the federal enforcement climate.

Compare this to Jackson’s approach. The Center for the Arts hosts Heritage Fiesta, ESL classes, community conversations on “Who is your neighbor?” But these remain separate programs without connective tissue. The church basement integration event reproduced segregation. The Heritage Fiesta succeeded. Both happened in the same building, organized by overlapping leadership, drawing from similar communities.

The difference wasn’t participants’ willingness but institutional design. St. James built protective infrastructure — constitutional observers trained through COPAL participation in a national welcoming network, coordination with a county-wide immigrant defense system — before hosting integration events. Jackson responds to opportunities as they arise without systematic approach to relationship building or protective mechanisms across cultural lines.

Both strategies represent different approaches to integration challenges. 

When employers become integration architects

New Fashion Pork’s ESL investment demonstrates another integration mechanism: economic interdependence forcing institutional cooperation.

“I want you to be paid for each and every minute you’re here,” teacher Cay Gjertson tells students, while tracking their arrival times. Workers who understand English navigate safety protocols, communicate with supervisors, uphold quality standards. Their families who speak English engage with schools, health care systems, local government.

The business case for integration creates sustainability that volunteer goodwill alone can’t achieve. Companies invest because bottom lines depend on stable, integrated workforces. Workers participate because economic advancement requires English proficiency. The arrangement serves mutual interests rather than depending on charitable impulses.

But even this employer-sponsored model faces federal barriers. Most of the Jackson Center for the Arts ESL students hold college degrees from Mexico — credentials U.S. systems don’t recognize. They process pork not because they lack qualifications, but because credential recognition failures and visa restrictions prevent them from contributing their actual expertise.

Rural Minnesota faces critical shortages in health care, education, professional services. College-educated workers live in these communities, prevented by federal policy from filling those gaps. Economic interdependence that could facilitate integration encounters regulatory barriers.

The volunteer teacher economy

Liliana Becerra co-teaches the Jackson ESL class while her visa prohibits payment. Several students' spouses attend class because they can't work — the same visa restriction affecting their teachers.

What could this program accomplish with sustainable staffing? More class sections serving more workers. Curriculum development tailored to meat processing vocabulary and rural civic participation. Community outreach to families not yet connected. Professional development for teachers navigating bilingual instruction.

Instead, it depends on Gjertson's creativity and Becerra's donated labor — a fragile arrangement that one illness or family emergency could collapse.

This pattern repeats across rural Minnesota. Luke Ewald, working in public health for Nobles and Jackson counties, sees the health outcomes: isolation affecting mental health, language barriers preventing health care access, fear of enforcement keeping people from seeking services they need.

Communities develop sophisticated integration tools, then federal policy creates challenges for their sustainability.

Sunday games between Worthington and Estherville, Iowa, started as pickup soccer among Spanish-speaking men, evolved into an interstate league with referees and championship tournaments. Their children form teams on neighboring fields by skill. Families watch from lawn chairs, sharing popsicles and walking tacos.

But spectators still separate by language. Spanish speakers cluster near one goal, English speakers near the other. The children playing together create potential for parent relationships — potential that remains unrealized without institutional structures facilitating connection.

Political scientists call these "cross-cutting affiliations" — relationships preventing political differences from becoming total social divisions. Soccer creates the opportunity. Whether communities capitalize on it depends on infrastructure supporting those relationships beyond the field.

St. James would position constitutional observers, use the league to connect Uniting Cultures programming, and create deliberate bridge-building mechanisms. Jackson lets the games happen organically, hoping proximity generates connection. Worthington's approach falls somewhere between — the JBS plant creates economic interdependence, but civic institutions haven't built systematic integration infrastructure.

All three communities navigate the same federal pressures. All face similar demographic changes. What distinguishes their outcomes is intentional design versus reactive accommodation.

Rural Minnesota can't afford ideological purity about immigration. Roads need plowing regardless of the driver's documentation status. Schools need funding that higher populations bring. Fire departments need volunteers regardless of country of origin. Meat processing plants need workers who'll accept physically demanding jobs that many native-born Minnesotans won't perform.

The college-educated worker processing pork could be staffing the understaffed rural hospital. The H-4 visa spouse cooking tamales for donations could be teaching in the school facing teacher shortages. The qualified interpreter volunteering at ESL class could be working at the clinic where language barriers prevent health care access.

Federal policy prevents credential recognition while rural communities face documented professional shortages — a gap between immigration control implementation and community economic needs.

Six months of reporting reveals integration succeeding where three elements align:

Economic interdependence: Employers like New Fashion Pork invest because workforce stability requires it. It’s not charity, but calculated business interest creating sustainable funding.

Institutional infrastructure: Organizations like Uniting Cultures build systematic bridge-building mechanisms rather than hoping proximity creates connection. This includes constitutional observers, protective partnerships, deliberate "welcoming community" positioning.

Creative workarounds: Teachers like Gjertson and Becerra navigate federal restrictions through volunteer arrangements. Communities develop informal economies where legal employment is prohibited. Families make family of friends when geographic distance separates them from blood relatives.

But successful integration remains fragile. Volunteer arrangements collapse when teachers have competing obligations. Informal economies operate in legal gray areas creating vulnerability. Communities develop protective infrastructure at cultural celebrations in response to enforcement concerns.

Communities navigating demographic change successfully do so while adapting to federal policy constraints.

On Monday mornings, children arrive at Jackson schools with passports in backpacks, afraid they’ll be separated from parents. On Sunday afternoons, they play soccer together, forming teams by skill rather than documentation status.

They’re growing up in communities teaching them that democratic participation works across cultural differences — that teamwork matters more than background, that communication enables cooperation, that neighbors become family through shared action rather than shared ideology.

But they’re also learning that federal enforcement could fracture these bonds at any moment. That qualified teachers can’t be paid for teaching. That constitutional observers position themselves at celebrations. That parents watch them play from separate sides of the field.

The Good Samaritan parable asks not “Who deserves my help?” but “To whom am I willing to be a neighbor?” In rural Minnesota church basements, soccer fields, and ESL classrooms, communities answer through daily practice: to anyone willing to participate in democracy’s difficult work.

Federal immigration policy faces a similar question: whether to support the local cooperation that economic reality requires, or to continue creating pressures that complicate integration efforts serving multiple interests.

Rural Minnesota reveals both democracy’s potential and its fragility. Communities can navigate demographic change, economic transition, and cultural difference. The success depends on whether institutions — both local and federal — design systems that support rather than hinder the relationships enabling democratic participation.

The church basement stayed divided while the Heritage Fiesta brought people together. Constitutional observers protect fiestas while qualified teachers volunteer unpaid. Children form soccer teams together while parents watch from separate sides. Employers invest in integration while federal policy creates barriers.

These contradictions persist despite individual goodwill and community effort. Rural Minnesota communities demonstrate that economic reality creates interdependence, and democratic participation functions when institutions support relationships across cultural lines.

The soccer field goes quiet. Players shake hands. Families drift toward parking lots. Monday morning arrives.

The reporting shows communities trying to be neighbors — through ESL classes and cultural celebrations and Sunday afternoon games. The question is whether federal policy will adapt to support rather than complicate that choice.

In small towns across southwest Minnesota, children who carry passports to school play soccer together on weekends. They represent communities building infrastructure enabling people to be neighbors across cultural lines, even as policy creates pressures working against what economic reality requires.

The field lights go dark. The children go home. And the question remains.

Amy H. Peterson is a rural journalist and founder of The E’ville Good bilingual newsletter. Her research on community integration and democratic resilience is supported by the Joyce Foundation. Photography for this series documents Heritage Fiesta celebrations and soccer league participation across southwest Minnesota.